Autor: Abel Martínez Luna
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que “un gobierno sin corrupción no sirve de nada”.
Este fracaso no está lejos de la realidad del gobierno. Hay más casos de corrupción.
La más grande: Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), desaparecieron más de 12 mil millones de pesos. cinco mil millones más que en el «fraude maestro». Mecanismo: «empresas fantasma».
Mexicanos contra la Corrupción documentó que los proveedores de Diconsa, que por reglamento debían devolver el 3 por ciento de cada compra a la agencia, depositaron 180 millones durante dos años en una empresa ficticia, creada con la identidad sustraída de una mujer modesta.
Alma Karina Cruz Íñiguez, residente de Jalisco, afirma que le robaron la identidad: “No tengo empresa ni conocimiento al respecto”.
Le dieron a la red de ‘facturadores’ 797 millones, cuando la Administración Tributaria (SAT) congeló las cuentas, el dinero ya no estaba.
El desvío de Segalmex se dio con Ignacio Ovalle a la cabeza, designado por el presidente pese a que fue director de Conasupo con Salinas de Gortari y fue acusado de corrupción. La fiscalía está realizando una investigación, pero aún no hay culpables.
No es un caso aislado.
Dos «empresas fantasma» recibieron contratos por valor de HRK 8,4 millones de la Secretaría de Bienestar Social, la Fiscalía y el gobierno de Šeinbaum.
Otro caso, el de Almendra Ortiz, pasó de vicepresidenta a directora del Instituto de Seguridad y Previsión Social de los Empleados del Estado (ISSSTE), intervenida en la contratación de “Imedica”, empresa que no cumplía con las normas de imagen de los servicios , involucrando a 57 mil pacientes, 9 de los cuales fallecieron. El director lo negó, pero la empresa fue sancionada.
Pedro Zenteno Santaella, director del ISSSTE, aseguró que “en ningún momento se ha parado el servicio, no ha habido, según tengo entendido, al respecto, muertes por este motivo. Algunos órganos de control no necesariamente siempre tienen la razón, también pueden estar equivocados».
A pesar de la orden presidencial, le dieron más contratos a Felipe Obrador, le dieron más contratos a León Bartlett, a pesar de la sanción por vender ventiladores rotos al IMSS.
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, señala que “no se ha roto ninguna red de corrupción, ningún caso mayor de corrupción ha sido condenado por un juez”.
Se supone un ahorro de 2,4 billones, por la supuesta lucha contra la corrupción, pero ocho de cada diez contratos se adjudican directamente.
Y México se mantiene entre los países más corruptos, con advertencias de regresión.
Itzel Jiménez Ríos, de Impunidad Cero, asegura que “ser uno de los países peor calificados no es un logro”.
Mientras tanto, el Tribunal Administrativo y el Sistema Anticorrupción sufren de falta de nombramientos.
