Temen caos inmobiliario – gobierno de CdMx pausa plan espacial por confusión. Esto es lo que sabemos
Las tierras de conservación de CdMx brindan suministro de agua para millones de habitantes urbanos, producción agrícola, regulación climática, entre otros beneficios ambientales. Los pobladores interpretaron el Programa de Ordenamiento Territorial como un riesgo para ellos, por lo que el gobierno local postergará la consulta.
Ciudad de México, 11 de diciembre (Sin embargo).– El Plan General de Ordenación (PGD) y Proyecto de Programa General de Ordenación Territorial (PGOT)cuyo contenido describe el desarrollo de la Ciudad de México durante los próximos 20 años, introduce que el 20 por ciento que se clasificó en 1996 como suelo protegido (29 mil 695 hectáreas) es ahora «tierra rústica», lo que causó confusión entre los colonos y el gobierno de la Ciudad de México retrasará su discusión hasta que se llegue a un consenso.
Como este nuevo uso de suelo creado por la Constitución de la CDMX “no está específicamente regulado”, el Frente para la Defensa de los Derechos de los Pueblos Originarios y Barrios de Anáhuac consideró que le abriría la puerta bienes raíces en la zona sur, a pesar sobreexplotación de los acuíferos y aumento del precio de la vivienda en la ciudad
Ante esto, la primera ministra Claudia Sheinbaum coincidió en que «este documento tiene muchos problemas», principalmente que la propia Constitución se refiere a las tierras protegidas como «tierras rurales», por lo que envió una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para posponer el debate. .
“No tiene sentido en el tema de la conservación del suelo ni en otras dudas que se han planteado, se acelera el proceso que debe ser democrático y de consenso en la ciudad. Ni estamos de acuerdo en privatizarlo, ni estamos de acuerdo en urbanizarlo”, enfatizó.
Por su parte, el Movimiento Urbano Popular marchó este miércoles desde el Hemiciclo a Juárez rumbo al Zócal capitalino por el “simulacro de participación” y la “falta de difusión suficiente de información” a la ciudadanía, como la propaganda en los medios de comunicación. transporte público o alambrado, a lo señalado en ambos documentos gubernamentales.
Sus integrantes -vecinos y académicos- exigieron un manejo responsable de las áreas protegidas y protegidas con «reglamentos más estrictos» para evitar el impacto negativo de los centros comerciales, vías o complejos de uso mixto, y la formulación de políticas para promover el «uso ambientalmente racional». ” de suelo, brindando un respaldo legal y presupuestario que impida la especulación inmobiliaria.
“Nos preocupa la simulación de la consulta y la criminalización de la protesta social. En realidad, no se consulta a los residentes que viven en las zonas de impacto; No queremos que nos pase como en la ciudad de Xoco, donde se privilegió el capital por encima del sentir y saber de la gente que ocupa el territorio”, dijo Federico Godínez, de la Asamblea de Vecinos de Tlalpan y Coyoacán.
El Instituto de Planificación Democrática, que implementó el Programa General de Ordenamiento Territorial y organizó las juntas vecinales del 3 de diciembre, declinó comentar sobre el asunto por Es más. Sin embargo, en septiembre informó en su sitio web que había establecido un Sistema de Gestión en el que se concentran todas las propuestas de proyectos GUP y GPP para que la ciudadanía pueda informarse a través del sitio web y saber en qué estado se encuentra su propuesta.
TERRENO DE ALDEA EN UN «VACÍO LEGAL»
El proyecto del Programa de Ordenamiento Territorial se presenta en sección de regulación del suelo: “La Ley de Desarrollo Urbano del DF (1995) estableció dos tipos de suelo en su clasificación primaria: ‘suelo protegido’ y ‘suelo urbano’. En 2017, la Constitución de la CDMX estableció una tercera categoría: ‘suelo rural’. Se observa que para el 2020 el suelo urbano ocupa el 42 por ciento del territorio, el suelo protegido ahora ocupa el 38 por ciento frente al 58 por ciento que ocupaba en 1996, peor que el 20 por ciento que ahora ocupa el suelo rural. «
Más de 54.000 hectáreas (36 por ciento) de tierra protegida -sin contar los lugares donde hay asentamientos irregulares por falta de acceso a la vivienda- está protegida porque ofrece suministro de agua para millones de habitantes de la ciudad, captura de carbono, producción agrícola, regulación climática, entre otros beneficios para el Medio Ambiente. Se desarrollan dentro de este suelo. actividades forestalesturístico-recreativo.
En tanto, en 29 mil 695 hectáreas (20 por ciento) de “tierra rural”, ubicadas en las zonas sur y poniente de la Ciudad, actividad agrícolapero está «amenazado por el crecimiento urbano y la especulación inmobiliaria», reconoce el Programa de Ordenamiento Territorial, por lo que «se debe revisar la normativa de uso de suelo para su actualización y correcta aplicación» para controlar el uso del suelo.
Alejandro Velázquez, abogado del Frente de Defensa, señaló en entrevista que si bien la Constitución de la Ciudad de México creó una nueva categoría de suelo rústico, no especifica la extensión que debe cubrir ni las normas que la regulan.
«La tierra protegida está regulada por la Ley de Protección Ambiental y la Ley de Desarrollo de Tierras. La Ley de Ordenación Urbana (artículo 42 del TER) establece que no puede haber cambio de uso del suelo a otro que permita la urbanización en suelo protegido. Por otro lado, el suelo rural queda en un vacío legal y algún propietario podría solicitar un cambio de uso de suelo a residencial, económico o edificado porque el Programa de Ordenamiento Territorial no especifica cómo se protege el suelo rural y lo abre a la realidad. mercado inmobiliario», explicó.
Velázquez agregó que al no existir una regulación específica, en los terrenos rústicos ya no sería obligatorio presentar una Declaración de Impacto Ambiental para cualquier obra; ya no sería ilegal arrojar desechos sólidos o usar pesticidas tóxicos en los cultivos; también se levanta la prohibición de talar árboles y cualquier obra de construcción en inmuebles sólo puede iniciarse con el sello de la Alcaldía.
Ciudades y corregimientos de municipios con suelo protegido como Xochimilco, Tláhuac, Álvaro Obregón y Milpa Alta proponen iniciar un diagnóstico de la «capacidad real» de la Ciudad de México en materia de agua, movilidad y protección civil para determinar si, en primer lugar, puede seguir creciendo al ritmo propuesto por el Plan General de Desarrollo y el Reglamento del Programa.
Sin embargo, el Instituto de Planificación Democrática implementó el Programa General de Ordenamiento Territorial sin objeciones del Ministerio de Protección Ambiental y del Ministerio de Prevención de Riesgos y Protección Civil, según solicitudes de información enviadas por la asociación ciudadana Suma Urbana.
El pasado sábado 3 de diciembre, sin un Plan General de Desarrollo o Ley de Ordenamiento Territorial ya aprobado por el Congreso local, la Dirección de Planificación realizó reuniones de vecinos participar en la consulta pública sobre el contenido de los PGD y PGOT.
algunas reuniones fueron poco concurridas y fueron suspendidas en Xochimilco y Milpa Alta debido a la represión policial registrada en la ciudad originaria de San Gregorio, Xochimilco, a las protestas pacíficas por la instalación de obras hidráulicas sin su derecho a la consulta informada.
Por otro lado, comuneros de nueve pueblos indígenas de Milpa Alta, como San Pedro Atocpan y San Antonio Tecómitl, bloquearon durante días la carretera federal Xochimilco-Oaxtepec oponiéndose al Programa de Ordenamiento Territorial con el argumento de que facilita el ingreso a la propiedad inmobiliaria. sector.
¿EXPANSIÓN DE AIRBNB?
Los representantes del Frente de Defensa exigen que se elimine de la propuesta la descentralización del turismo. En el marco del aumento de los precios de los departamentos y la llegada de los nativos digitales por la pandemia, el Programa de Ordenamiento Territorial busca crear “destinos turísticos emergentes” en varios puntos de la ciudad y reformar el artículo 35 de la Ley de Sociedades Anónimas, para que dicho alojamiento en una familia se clasifica como un negocio con poco impacto.
“Es un mensaje muy claro para legalizar la práctica de Airbnb, sin una discusión más profunda sobre los efectos negativos sobre el territorio y el aumento de los precios de la vivienda”, señaló el abogado Alejandro Velázquez.
Al respecto, agregó: “Los pueblos originarios pueden convertirse en ciudades mágicas, imponen un turismo basado en la cultura e identidad del pueblo que no implica mejoramiento para los habitantes”.
Por el contrario, las políticas de vivienda social permiten a los desarrolladores aumentar los niveles de construcción a cambio de un porcentaje de viviendas de menor precio. “La construcción de viviendas sociales está condicionada por las inversiones privadas y la rentabilidad del sector inmobiliario”, señala Front.
El Frente de Defensa, de acuerdo con el diagnóstico de la Asociación Mexicana de Urbanistas y la Academia Nacional de Arquitectura, aseveró que primero se debe publicar el Plan General de Desarrollo, y de ahí la salud, la educación, la economía, la cultura o, en este caso, la planificación territorial.
Además, el proceso de consulta a ciudadanos e indígenas no está suficientemente difundido, por lo que la población en general de la Ciudad de México desconoce el alcance de la expansión territorial que planea el gobierno de la Ciudad de México para 2035-2040.
dulce olvera
Reportero sobre temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.
